Gobierno reglamenta la ley antilavado de activos y fijará los montos de reporte obligatorio. La Asociación de Escribanos está de acuerdo con utilizar criterios objetivos

 

P. NAVAJAS 

 

 

 

POR LEONARDO LUZZI DE LA REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR 

 

Los escribanos deberán notificar al Banco Central toda transacción superior a US$ 100 mil que se haga en efectivo, según los parámetros que se manejan a nivel oficial para reglamentar la ley 18.494 de control y prevención de lavados de activos y del financiamiento del terrorismo. 
 

Ese monto básicamente involucrará a los negocios de compra-venta de comercios y bienes inmuebles, muchos de ellos rurales. 

 

La reglamentación de la ley estará pronta en agosto o setiembre y previamente a su puesta en funcionamiento se hará una ronda de consultas con las partes involucradas, informó a El Observador, Carlos Díaz, secretario de la Junta Antilavado de Activos que funciona en la órbita de Presidencia de la República.

 

Los montos de transacciones sobre las que deberán reportar los escribanos al BCU es uno de los aspectos a definir, pero fuentes del gobierno adelantaron a El Observador que US$ 100 mil es la cifra que permite ser gestionada por el sistema en el entendido que reportes masivos por cantidades pequeñas no ayudarían al control.

 

Los bancos y casas de cambio, que son los que más colaboran hasta ahora, informan de toda operación mayor a US$ 10 mil.

 

Carlos Díaz tiene el convencimiento que cuando se ajustan los controles en un área, los que buscan lavar activos ya se movieron y utilizan otras estrategias para blanquear dinero, que en muchos casos proviene del narcotráfico.

 

 

La gremial. La presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Sara Castro, dijo a El Observador que los reportes que hacen hoy los notarios al Banco Central son sobre casos inusuales, parámetro que consideró subjetivo. Prefirió no opinar sobre la reglamentación que hace el gobierno de la ley, pero comentó que está de acuerdo con que se fije un monto, es decir un criterio objetivo sobre el cual deberán hacerse los reportes obligatorios.

 

Explicó que muchas escribanías ya trabajan bancarizadas, por lo que si alguien va a comprar un negocio, no trae US$ 300 mil en una maleta a la oficina, sino que opera con una letra de cambio u otros instrumentos financieros. 

 

Castro dejó en claro que la Asociación de Escribanos quiere colaborar en la lucha contra el lavado de activos pero puso reparos sobre la forma compulsiva en que fueron incluidos los escribanos en la ley.

Recordó que la gremial criticó que se lesionara el principio de lealtad con el cliente y el secreto profesional.

 

Para la gremial, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Sudamericana (Gafisud) no tomó en cuenta las particularidades de Uruguay respecto al sistema registral y catastral que tiene el país que es muy bueno, brinda seguridad y el público puede acceder. En el país, todas las transacciones quedan registradas, acotó.

 

 

Observaciones. El gobierno trabaja ahora para levantar las observaciones que realizó Gafisud, organismo que busca unificar los controles antilavado. La próxima reunión de Gafisud será en el correr de este mes en Perú.

 

En Uruguay, por ley se estableció que todas las instituciones sujetas al control del Banco Central financieras, bancos, transportadoras de valores, casas cambiarias tienen la obligación de informar sobre transacciones que le resulten sospechosas de lavado de dinero.

 

También deberán reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU, los casinos, inmobiliarias, zonas francas, administradoras de dinero y los rematadores. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley determinará la aplicación de una multa mínima de 1.000 Unidades Indexadas (UI) (unos US$ 97) y una multa máxima de 20 millones de UI (US$ 1,96 millones) según las circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor.

 

Uruguay es considerado un país de tránsito para el narcotráfico, aunque aumentó el consumo interno, y a nivel internacional se destacó su esfuerzo por enfrentar el lavado de activos, ya sea a través de su marco jurídico, la creación de los juzgados especializados contra el crimen organizado y el reforzamiento de la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero que funciona en la órbita del Banco Central. 

 

 

 

 

Actualmente, Perú tiene la presidencia rotativa del Gafisud y la posta, tras la reunión de este mes en Lima, la puede tomar Paraguay para dirigir durante 2011 al organismo de contralor antilavado de activos.
 

Paraguay deberá pasar la evaluación de Gafisud antes de asumir la presidencia rotativa. El país había sido observado por no contar con una ley que tipificara como delito el financiamiento al terrorismo. Esa situación exponía a la administración de Fernando Lugo a que Paraguay fuera considerado un país no cooperante con los organismos internacionales encargados de combatir el blanqueo de activos. 

 

Ambas cámaras del Parlamento paraguayo aprobaron una ley contra el financiamiento del terrorismo y se descuenta su promulgación inmediata por el Poder Ejecutivo, según informó el diario ABC de Asunción.

 

Gafisud es una organización intergubernamental, con base regional, que sigue el modelo del GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional, que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. 

 

Se creó el 8 de diciembre de 2000 en Colombia, y está integrado por los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Venezuela no forma parte del Gafisud. 

 

 

 

 

Obligados
 

Por ley los escribanos deben reportar las operaciones inusuales sobre: compraventa de bienes inmuebles; administración de dinero, valores u otros activos del cliente; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades; creación , operación o administración de personas jurídicas y otros institutos jurídicos y compraventa de establecimientos comerciales. 

Las cifras destacadas

33

Fueron los procesamientos dictados por jueces en los últimos cinco años por lavado de activos. Treinta de ellos fueron por lavar dinero de los narcos.

 

 

Fueron las observaciones que realizó Gafisud a Uruguay; ya se levantó la gran mayoría.

 

 

Fuente: El Observador